El auditor superior de Fiscalización, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, consideró que todos los procedimientos legales relacionados con la Cuenta Pública Estatal 2018 aún se encuentran en proceso y explicó que la resolución del Congreso de Michoacán es política, por lo que no afecta la labor de este órgano, ya que el informe que emitió es meramente técnico.
Luego de que el pleno legislativo consideró este martes que el documento “se presentó en apego a la legislación vigente y reflejó la situación financiera, de gasto y evaluación al desempeño institucional de los servidores públicos”, el responsable de la fiscalización señaló que ahora deben proceder legalmente de acuerdo a lo establecido por los diputados.
“Debemos ver cómo vamos a actuar como auditoría para actuar respecto a las deficiencias de forma y de fondo que los diputados señalaron en el dictamen” en el caso se Seguridad Pública y Secretaría de Salud, y todos los pendientes de las auditorías, por ejemplo, la Universidad Michoacana que no entregó toda la información”
Sin conocer todavía el dictamen de la Cuenta Pública estatal, ya que aún no se publica en el Periódico Oficial del Estado, Aguirre Abellaneda, rechazó que el órgano a su cargo haya incumplido en tiempo y forma en todos los términos y notificaciones, al precisar que “las unidades programáticas presupuestales que aparecen con información incompleta solicitaron prórroga y aún están dentro de plazo”.
Señaló que a partir del primero pasado, se les otorgaron 10 días hábiles para la entrega de la documentación y al término de este plazo, la Auditoría tiene otros 30 días hábiles para emitir una resolución por lo que aún está en proceso.
