Familiares de Frida Santamaría García, víctima de feminicidio, se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la determinación del juez de control, Mario Sotelo Rodríguez quien otorgó este 24 de enero, la prisión domiciliaria de 3 años a Juan Pablo N., al reclasificar el delito de feminicidio por el de homicidio culposo.
Sofía Blanco, representante de la Colectiva Feminista MAPAS, acusó a la Fiscalía y al Poder Judicial del estado, de proceder de manera reprochable, al disponer un escenario de atropellos con audiencias pactadas y puestas a modo en el proceso para dejar en libertad al presunto responsable, poniendo en riesgo a la familia de Frida y su acceso a la justicia.
Expuso que en el proceso penal, la familia del acusado dispuso de todo el material político y económico, provocando un escenario de total impunidad, en el que el delito perseguido no corresponde con la realidad de los hechos debidamente documentados por la parte acusante.
“Hasta la fecha el tratamiento del caso por parte de las autoridades es reprochable. La propia fiscalía de Jiquilpan dispuso un escenario donde pudieran seguir cometiendo todo tipo de atropellos y vejaciones contra Frida, para que al día de hoy no solo no podamos encontrar justicia para ella, sino además han colocado en riesgo a la familia de Frida”.
La vocera y acompañante de la familia, exhortó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al juez de control y al Fiscal General del Estado, Adrián López Solís a que den la cara ante las violaciones de los derechos que hasta hoy se han cometido en el caso judicial de Frida, haciendo cumplir su compromiso de garantizar una vida libre de violencia de las mujeres michoacanas.
Además, destacó que el pronunciamiento del gobernador llega tarde, tras los constantes llamados de la familia ante la impunidad que ya anticipaba.
“No queríamos que se llegara a esto, por eso buscamos a las autoridades y hasta el día de ayer el gobernador se pronunció, pero previo no lo hizo al respecto. Nosotros deseábamos que esa exigencia de justicia se hiciera antes de esa audiencia, que se garantizará que esa audiencia no se dejara puerta abierta para la impunidad”.
El padre de la víctima, Eduardo Santamaría Cervantes, manifestó que él y su familia son blanco de amenazas, hostigamiento y ahora de burlas de la contraparte al creer que ganaron, dejando libre a un asesino violando todos sus derechos.
Eduardo Santamaría culpabilizó al juez de control, a la fiscalía y a Juan Pablo N. por si algo le sucede a él o a cualquier integrante de su familia.
Frida Santamaría, de 24 años, fue asesinada el pasado 18 de junio del 2022 cuando asistió a un salón de fiestas del municipio de Sahuayo con su pareja Juan Paulo N., en la que resultó herida con un arma de fuego, provocándole la muerte.
